Los proyectos del ejecutivo para la democratización de la justicia expresan la necesidad imperiosa de reestructurar el Estado en vías de organizar un nuevo Estado, un Estado Revolucionario. Los poderes del Estado, las instituciones de la República, no son ajenos al objetivo político de que país se está construyendo.

Quienes diseñaron jurídica y políticamente las bases de la constitución de la República, a mediados del siglo 19 sentaron base legal y constitucional que fueran herramienta fundamental del sistema capitalista. Garantizando la democracia representativa, donde los trabajadores, el pueblo constructor del PBI, no pudiese acceder equitativamente al producto de su trabajo, a la Renta Nacional. Como al mismo tiempo que el sistema social desigual y arbitrario salga indemne de todas las crisis que el mismo genera. En Ls administración de Justicia, como poder dirimente del Estada, los jueces que nunca son elegidos democráticamente, pueden eternizarse en su puesto, y son los que terminan decidiendo, como con “Las Cautelares” etcétera el curso social del país.

El cargo que le confiere ser administrador de Justicia hoy los sitúa por arriba de los otros dos poderes Legislativo y Ejecutivo que de todas formas han sido elegidos por los que hacen diariamente el país, los obreros, los científicos, la juventud, los estudiantes, el pueblo que en la construcción del PBI les paga sus dietas y privilegios auto resueltos. Cargos eternos por sobre los políticos que periódicamente deben ser sometidos a la consulta y decisión popular democrática. Por ello es necesaria, como con la Ley de Medios aprobada hace 3 largos años, que participen toda la población para romper el cerco y alianza del poder económico-mediático y judicial que atenta directamente a la democracia con La incrustación de un sistema antidemocrático para defender la democracia es la clave que está en discusión con estas reformas.

Como pocas veces antes, la propia concepción de “democracia”- que en este tiempo y espacios de la historia del país y América latina-, debe estar unida a “DEMOCRACIA SOCIAL Y POPULAR”, está siendo puesta en el eje de la discusión. En su nombre y defensa del conservadorismo oligárquico que ha impedido el progreso del país en 150 años, la derecha concentrada bate el parche contra las reformas del ejecutivo, poniendo en evidencia que prefiere sistemas oligárquicos, formalmente constitucionales, a los democráticos y sometidos al voto popular de la época. El sinceramiento implacable del curso histórico, pone a estos personajes que aparecen con ropaje de “defensores de la democracia” en su verdadero papel y utilizando las armas de la antidemocracia. No hay que asombrarse, entonces, del nivel de radicalización, de violencia y desestabilización que desenvuelven, porque son simple consecuencia de aquello.

Estas reformas constituyen un desafío político y social superior al proyecto de Ley de la 125, que era la búsqueda de una redistribución de la renta agraria, porque ahora se afecta la estructura del sistema y su soporte legal de 150 años. Por eso se entiende la reacción de la derecha concentrada, arrastrando por ahora a sectores oscilantes, sindicales y de la llamada “izquierda”, contra esta medida. En definitiva, el rechazo a las reformas es la defensa de los acuerdos y trampas que se tejen con una parte del aparato judicial que sostiene modos de vida, y que no significan progreso para el conjunto de la sociedad, que busca una justicia objetiva, eficaz y dinámica en el tiempo que resuelva desde los temas domésticos, cotidianos y los más transcendentes en la vida democrática del país.

Lula y Dilma en Brasil han sufrido y siguen sufriendo los embates de la “justicia” que allí ha sido el ariete para torpedear a funcionarios del PT y hacerlos renunciar; en Venezuela, para la Justicia, el 11 de abril del 2002 no fue un golpe de estado!; podemos seguir enunciando hechos similares, pero con esto alcanza para demostrar que esta lucha no es exclusiva de Argentina: Toda la región, que está “rodilla en tierra” por escapar del cepo capitalista, imperialista que tiende sus redes desde la economía, los distintos intentos desestabilizadores, los fondos buitres y la justicia como paraguas protector de todo ello, necesita de reestructurar los modelos de Estados que hemos heredado.

Apoyar estas reformas es tan fundamental como replantear que la verdadera fuerza no está en la cantidad de votos, sino en la capacidad que la población pueda intervenir y decidir democráticamente, a reconocer qué hay detrás de cada posición, como fue con la discusión en ocasión de la sanción de la Ley de Medios. El Estado debe incentivar esto porque significa apelar a los recursos legítimos de la democracia interpretada socialmente para intervenir en su afianzamiento: la más plena intervención y participación de la sociedad.

En el editorial de “Voz Proletaria” N° 1583, del 16-4-2013, firmado por Eliseo Ramirez, leemos: “Es necesario un Estado Revolucionario que representa los intereses de toda la sociedad siendo parte de la Etapa de Transición; de un Estado representante de una sociedad individualista clasista en relación al poder económico, a un Estado que revolucionariamente encare desde su papel planificador social y político una economía basada en el desarrollo armónico del país. Un Estado que al mismo tiempo que es distributivo de la Renta Nacional, sea partícipe ejecutivo de la Construcción del PBI en armonía con la sociedad y la naturaleza”.

Dirección Nacional del POR posadista / 23 de abril de 2013

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (Trotskista-Posadista) integrante de MILES.